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«Las circunstancias han cambiado», recuerda el Tribunal de Cuentas en su última moción sobre la financiación de los partidos políticos. El organismo señala a la subvención para gastos de seguridad que reciben las formaciones que obtienen representación en elecciones nacionales o locales. Fue aprobada en 2002 y estaba pensada para proteger a los concejales del terrorismo de ETA. En 2021 se ha cumplido una década desde el cese de la actividad armada de la banda, pero las condiciones de la subvención no se han actualizado y es habitual que los partidos devuelvan buena parte de esa partida por no haberla utilizado.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas les pide «reconsiderar la conveniencia material y económica de mantener en las condiciones actuales la subvención» y recomienda orientarla hacia «los riesgos y amenazas» de los «tiempos actuales», que no son otros que «los ciberataques, el phishing o suplantación de identidad, o un eventual acceso a la información personal de los afiliados y simpatizantes o de los cargos políticos de las mismas».
Los políticos españoles han sufrido este tipo de ciberataques en los últimos años. Representantes de partidos nacionalistas catalanes han sido objetivos del programa espía Pegasus, capaz de registrar llamadas, mensajes y cualquier tipo de información que la víctima almacene en su teléfono móvil. A nivel institucional este 2021 también múltiples ministerios y organismos públicos han sufrido infecciones de ransomware, que cifra los archivos del dispositivo y pide un rescate por recuperarlos. Trabajo y el SEPE estuvieron semanas paralizados por ataques de esta naturaleza.
La subvención de seguridad de los partidos, tal y como está planteada en la actualidad, tiene carácter anual y se gestiona a través del Ministerio del Interior. Desde 2003 los Presupuestos Generales del Estado han destinado 59,3 millones de euros a esta partida, entre 2 y 4 millones al año. Según el último balance trimestral del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, publicado en julio, el partido que más gasto registró en seguridad fue el PSOE (185.000 euros), seguido por el PP (150.000), Vox (100.000) y Unidas Podemos (62.000).